Examen de Administrativo del Estado (C1) de 2022, promoción interna, resuelto

Respuesta correcta: c) Ponen fin a la vía administrativa.

Con la resolución de la alzada se agota la vía administrativa (artículo 114.1.a de la Ley 39/2015). Desde ese momento el interesado solo puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa o, en los casos tasados, al recurso extraordinario de revisión.

«Ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada.»

Trampas: La (a): es lo contrario: el art. 114.1.a de la Ley 39/2015 las incluye entre las resoluciones que sí ponen fin a la vía administrativa. La (b): Contra la resolución de una alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión (art. 122.3 de la Ley 39/2015). La reposición no procede. Engaña: el art. 123.1 permite la reposición contra actos que ponen fin a la vía administrativa, y estas la ponen. La (d): es inexacta por absoluta: el art. 122.3 de la Ley 39/2015 admite el recurso extraordinario de revisión en los casos del art. 125.1.

Para repasar: Resuelta la alzada se agota la vía administrativa: solo cabe el recurso extraordinario de revisión o la vía contencioso-administrativa.

Fuente: Artículo 114 · Ley 39/2015, Artículo 123 · Ley 39/2015

Respuesta correcta: b) Administrativo.

Lo que se reintegra es un ingreso de derecho público (art. 38.1), que la Administración exige y cobra por su propia vía. Por eso el artículo 38.4 de la Ley General de Subvenciones impone un procedimiento administrativo, que no es sancionador ni judicial.

«Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo.»

Trampas: La (a): el reintegro tiene carácter administrativo, no sancionador (art. 38.4 de la LGS); es otra vía distinta de la sancionadora. Engaña: se aplica a una devolución obligada que puede acompañar a una infracción. La (c): lo presupuestario no define el procedimiento de reintegro, que es administrativo (art. 38.4 de la LGS); la cobranza se rige por la Ley General Presupuestaria (art. 38.1). La (d): Patrimonial no es el carácter del procedimiento: las cantidades son ingresos de derecho público y el procedimiento es administrativo (art. 38.1 y 38.4 de la LGS).

Para repasar: El reintegro de subvenciones es un ingreso de derecho público y su procedimiento tiene siempre carácter administrativo.

Fuente: Artículo 38 · Ley 38/2003 (LGS), Artículo 38 · Ley 47/2003 (LGP)

Respuesta correcta: c) Mediante el título conformado de propiedad de bienes inmuebles incluyendo una tasación independiente de los mismos realizada dentro de los tres meses inmediatamente anteriores al día de prestar la garantía.

El artículo 108 de la LCSP no admite el título de propiedad de inmuebles como garantía definitiva. Las formas son: efectivo o valores de Deuda Pública, aval, seguro de caución y, si el pliego lo prevé, retención en el precio.

«podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas: a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública»

Las demás: La (a): es admisible: art. 108.1.a de la LCSP. La (b): es admisible: aval de banco, art. 108.1.b de la LCSP. La (d): es admisible: seguro de caución, art. 108.1.c de la LCSP.

Para repasar: Garantía definitiva: efectivo o Deuda Pública, aval, seguro de caución y retención en el precio si lo prevé el pliego. Los inmuebles no figuran en la lista.

Fuente: Artículo 108 · Ley 9/2017 (LCSP)

Respuesta correcta: d) Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital.

El título X de la LO 3/2018 regula derechos como el testamento digital (artículo 96), el olvido en redes sociales (artículo 94) y la desconexión digital (artículo 88). No contiene un derecho autónomo a la igualdad y no discriminación en el entorno digital. La no discriminación aparece solo como garantía dentro del acceso a Internet (artículo 81).

«Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso»

Las demás: La (a): es el derecho regulado en el artículo 96 de la LOPDGDD. La (b): es el derecho regulado en el artículo 94 de la LOPDGDD. La (c): es el derecho regulado en el artículo 88 de la LOPDGDD.

Para repasar: Los derechos digitales del título X tienen artículo propio con su denominación: desconexión, olvido, testamento digital, acceso universal. Una denominación sin artículo propio no es uno de ellos.

Fuente: Artículo 88 · LO 3/2018 (LOPDGDD), Artículo 96 · LO 3/2018 (LOPDGDD)

Respuesta correcta: a) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

El artículo 10.1 del TREBEP limita la interinidad a cuatro supuestos tasados: vacante que no pueda cubrir personal de carrera, sustitución de titulares, programa temporal y exceso o acumulación de tareas. Solo el segundo coincide con lo planteado, y exige justificar necesidad y urgencia.

«La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.»

Trampas: La (b): asumir nuevas competencias no figura entre los cuatro supuestos de interinidad del art. 10.1 TREBEP: vacante, sustitución, programa temporal y exceso de tareas. La (c): los trabajos urgentes no son un supuesto autónomo. El exceso o acumulación de tareas dura como máximo nueve meses dentro de dieciocho, art. 10.1.d TREBEP. Engaña: imita el supuesto de exceso de tareas del art. 10.1.d con otros plazos. La (d): una reorganización ministerial con nuevas unidades no es causa de interinidad: el art. 10.1 TREBEP solo admite vacante, sustitución, programa temporal y exceso de tareas.

Para repasar: Los interinos solo se nombran por vacante (máximo tres años), sustitución, programa temporal (tres años, más doce meses) o exceso de tareas (nueve meses en dieciocho).

Fuente: Artículo 10 · TREBEP

Respuesta correcta: b) Nivel de artículo.

El nivel de especificación marca hasta dónde vincula cada crédito. Para personal y bienes corrientes del presupuesto del Estado, el artículo 43.1 de la LGP sube un escalón respecto al concepto de la regla general: el artículo. El capítulo queda para otro gasto, las inversiones reales.

«los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los créditos destinados a gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios, que se especificarán a nivel de artículo»

Trampas: La (a): el capítulo es el nivel de las inversiones reales, art. 43.1 LGP. Personal y bienes corrientes van a nivel de artículo. Engaña: el art. 44.1 LGP usa el capítulo para personal y bienes corrientes de los organismos autónomos. La (c): el subconcepto es un desglose del concepto, más detallado que el artículo fijado para estos gastos, art. 43.1 LGP. La (d): Ambos gastos comparten nivel, el artículo, no niveles distintos, art. 43.1 LGP.

Para repasar: Presupuesto del Estado: concepto como regla, artículo para personal y bienes corrientes, capítulo para inversiones reales. Organismos autónomos usan capítulo para los tres.

Fuente: Artículo 43 · Ley 47/2003 (LGP), Artículo 44 · Ley 47/2003 (LGP)

Respuesta correcta: d) No podrá exceder de seis meses.

El artículo 21.2 de la Ley 39/2015 da un tope, no un plazo fijo: cada procedimiento tiene el suyo en su norma reguladora y ninguno puede pasar de seis meses. Superarlo exige rango de ley o Derecho de la UE.

«Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.»

Trampas: La (a): tres meses es el plazo supletorio si la norma del procedimiento no fija otro (art. 21.3 de la Ley 39/2015). La (b): el art. 21.2 no prevé una ampliación única de tres meses: el límite es de seis, salvo ley o Derecho de la UE. La (c): seis meses es el techo, no un plazo fijo: cada procedimiento puede tener uno menor (art. 21.2 de la Ley 39/2015). Engaña: da la cifra correcta, pero como plazo único.

Para repasar: El plazo de resolución lo fija la norma del procedimiento, con tope de seis meses salvo ley o UE; sin plazo fijado, tres.

Fuente: Artículo 21 · Ley 39/2015

Respuesta correcta: a) Los actos que confirmen el criterio seguido en actuaciones precedentes.

Según el artículo 35.1.c de la Ley 39/2015, se motiva el acto que se separa del criterio seguido en actuaciones precedentes. Quien confirma el precedente no rompe con lo anterior y no tiene esa obligación. La motivación protege frente al cambio de criterio.

«Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.»

Las demás: La (b): Sí exige motivación: art. 35.1.f de la Ley 39/2015. La (c): Sí exige motivación: art. 35.1.e de la Ley 39/2015. La (d): Sí exige motivación: art. 35.1.h de la Ley 39/2015.

Para repasar: Se motivan los actos que se apartan del precedente o del dictamen consultivo, no los que lo siguen. Lista cerrada en el artículo 35.1 de la Ley 39/2015.

Fuente: Artículo 35 · Ley 39/2015

Respuesta correcta: b) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

La anulabilidad es un vicio menos grave que la nulidad de pleno derecho, por eso el artículo 52.1 de la Ley 39/2015 admite sanarlo. Según el apartado 2, la convalidación produce efectos desde su fecha, salvo la retroactividad del artículo 39.3.

«La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.»

Trampas: La (a): la nulidad o anulabilidad no implica la de los sucesivos actos independientes del primero (art. 49.1). La opción invierte la regla. Engaña: es el artículo 49.1 con el verbo afirmado en vez de negado. La (c): son nulas las disposiciones que establezcan la retroactividad, no la irretroactividad, de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 47.2). La (d): Ante incompetencia no determinante de nulidad, solo convalida el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto (art. 52.3). No basta con que pueda serlo.

Para repasar: Los actos anulables se convalidan subsanando el vicio. Si el vicio es incompetencia no determinante de nulidad, convalida el superior jerárquico competente.

Fuente: Artículo 52 · Ley 39/2015, Artículo 49 · Ley 39/2015

Respuesta correcta: d) Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

Artículo 98.3 del TREBEP: la suspensión es una medida cautelar, no una sanción, por eso se garantiza el mínimo de las básicas y se excluyen las complementarias, que retribuyen el puesto que no se desempeña. Si no se confirma, el artículo 98.4 restituye la diferencia.

«El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.»

Trampas: La (a): solo percibe las básicas y las prestaciones familiares (art. 98.3); la diferencia se restituye si no hay sanción (art. 98.4). Engaña: el art. 98.4 restituye la diferencia si la suspensión no se confirma. La (b): el art. 98.3 no fija el salario mínimo: reconoce retribuciones básicas y prestaciones familiares. La (c): tampoco la pensión no contributiva: son las retribuciones básicas y prestaciones familiares (art. 98.3).

Regla mnemotécnica · Suspenso provisional: lo básico y los hijos a cargo; lo complementario, no.

Para repasar: En la suspensión provisional se perciben retribuciones básicas y prestaciones familiares por hijo a cargo. Si no se convierte en sanción, se restituye la diferencia.

Fuente: Artículo 98 · TREBEP