Examen de Administrativo del Estado (C1) de 2019, promoción interna (extraordinario), resuelto

Respuesta correcta: a) El denunciante que facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.

Denunciar solo pone hechos en conocimiento de la Administración, y el artículo 62.5 de la Ley 39/2015 impide que eso dé por sí solo la condición de interesado. Aportar pruebas de valor añadido solo permite reducir la multa (art. 62.4). Interesado es quien encaja en el artículo 4.1.

«La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.»

Las demás: La (b): es interesado quien promueve el procedimiento con derechos o intereses legítimos, art. 4.1.a de la Ley 39/2015. La (c): es interesado quien, sin iniciar el procedimiento, tiene derechos afectables por la decisión, art. 4.1.b de la Ley 39/2015. La (d): es interesado quien tiene intereses legítimos afectables y se persona antes de la resolución definitiva, art. 4.1.c de la Ley 39/2015.

Para repasar: El denunciante no es interesado por denunciar. Lo será solo si encaja en alguno de los tres supuestos del artículo 4.1.

Fuente: Artículo 62 · Ley 39/2015, Artículo 4 · Ley 39/2015

Respuesta correcta: d) Ley.

El artículo 112.2 de la Ley 39/2015 reserva a la ley sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje. Se exige rango legal porque se alteran las garantías del sistema de recursos.

«Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique»

Trampas: La (a): una instrucción es una norma interna sin rango de ley; el art. 112.2 exige ley. La (b): una orden ministerial es reglamentaria, no ley; el art. 112.2 exige ley. La (c): es reglamentaria y contra ella no cabe recurso en vía administrativa (art. 112.3). La sustitución exige ley (art. 112.2). Engaña: el art. 112.3 también trata las disposiciones de carácter general.

Para repasar: Sustituir la alzada o la reposición por otros procedimientos de impugnación requiere siempre una norma con rango de ley.

Fuente: Artículo 112 · Ley 39/2015

Respuesta correcta: b) 15 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Con el precio como único criterio la valoración es automática y no exige juicios de valor. Por eso el artículo 158.1 de la LCSP fija el plazo más corto, quince días, contados desde el día siguiente a la apertura.

«Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.»

Trampas: La (a): los 15 días son correctos, pero se cuentan desde la apertura de proposiciones, no desde el fin del plazo de presentación, art. 158.1 LCSP. Engaña: mantiene los 15 días y solo cambia el momento inicial. La (c): son 15 días desde la apertura de proposiciones, no 20 desde la publicación en el perfil del contratante, art. 158.1 LCSP. La (d): son 15 días desde la apertura de proposiciones, no 20 desde la publicación en el BOE, art. 158.1 LCSP.

Para repasar: Plazo de adjudicación desde la apertura de proposiciones: 15 días con solo precio, dos meses con varios criterios (art. 158).

Fuente: Artículo 158 · Ley 9/2017 (LCSP)

Respuesta correcta: b) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.

La discriminación indirecta se mide por sus efectos y no por el trato, que es lo que caracteriza a la directa (art. 6.1). Además, admite justificación objetiva si hay finalidad legítima y medios necesarios y adecuados (art. 6.2 de la LO 3/2007).

«Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro»

Trampas: La (a): es la definición de discriminación directa, no indirecta, art. 6.1 de la LO 3/2007. Engaña: es literal del art. 6.1, justo antes de la indirecta. La (c): el trato desfavorable a las mujeres por embarazo o maternidad es discriminación directa, no indirecta, art. 8 de la LO 3/2007. La (d): Toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo se considera discriminatoria en cualquier caso, art. 6.3 de la LO 3/2007.

Para repasar: Directa: trato menos favorable por sexo (art. 6.1). Indirecta: criterio neutro que perjudica a un sexo (art. 6.2). Ordenar discriminar siempre lo es (art. 6.3).

Fuente: Artículo 6 · LO 3/2007 (Igualdad), Artículo 8 · LO 3/2007 (Igualdad)

Respuesta correcta: c) Si no solicitara el reingreso en el plazo establecido, será declarada en la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular.

El artículo 9.1 del RD 365/1995 no prevé reingreso de oficio: la funcionaria cesada en el cargo político debe pedirlo, y la consecuencia de no hacerlo es la excedencia voluntaria por interés particular, con efectos retroactivos al cese.

«deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, declarándoseles, de no hacerlo en la situación de excedencia voluntaria por interés particular […]»

Trampas: La (a): Quien no pide el reingreso no pierde la condición, pasa a excedencia por interés particular (art. 9.1 RD 365/1995). Engaña: la pérdida de condición por no pedir reingreso es regla de la excedencia voluntaria por interés particular. La (b): no hay reingreso de oficio: debe solicitarse en un mes (art. 9.1 RD 365/1995). La (d): los efectos son desde la solicitud y solo si hay reserva de puesto (art. 9.1 RD 365/1995).

Para repasar: Al perder la condición de servicios especiales: un mes para pedir reingreso; si no, excedencia voluntaria por interés particular desde la pérdida.

Fuente: Artículo 9 · RD 365/1995, Artículo 16 · RD 365/1995

Respuesta correcta: c) Los funcionarios en prácticas de las Comunidades Autónomas.

El artículo 2.1 del RDLeg 670/1987 enumera el ámbito de cobertura de Clases Pasivas y solo incluye el personal estatal y el transferido a las comunidades autónomas. Los funcionarios en prácticas de las Comunidades Autónomas no figuran en esa relación, que solo puede ampliarse por Ley (art. 2.2).

«Los funcionarios en prácticas pendientes de incorporación definitiva a los distintos, Cuerpos, Escalas y Plazas»

Trampas: La (a): están incluidos: funcionarios de carrera de la Administración de Justicia, art. 2.1.c del RDLeg 670/1987. La (b): están incluidos: los funcionarios en prácticas pendientes de incorporación definitiva a Cuerpos, Escalas y Plazas, art. 2.1.h del RDLeg 670/1987. Engaña: los funcionarios en prácticas sí aparecen en la letra h), pero referida a los cuerpos estatales. La (d): están incluidos: los funcionarios de carrera de las Cortes Generales, art. 2.1.d del RDLeg 670/1987.

Para repasar: Clases Pasivas cubre funcionarios estatales, Justicia, Cortes, otros órganos constitucionales, en prácticas estatales y personal transferido a las CCAA. No cubre a los funcionarios autonómicos propios.

Fuente: Artículo 2 · Real Decreto Legislativo 670/1987

Respuesta correcta: a) Un mes en un período de un año.

Aplica el artículo 48.3 del IV Convenio Único: al ser una movilidad descendente, solo se admite por necesidades perentorias o imprevisibles, y el trabajador conserva su retribución de origen (art. 48.2). Esa excepcionalidad explica un límite más corto que el del grupo superior.

«no pudiendo ser su duración en su totalidad superior a un mes en un período de un año.»

Trampas: La (b): dos meses duplica el límite: el máximo es un mes en un año (art. 48.3 del IV Convenio Único). La (c): el Convenio no prohíbe la encomienda de grupo inferior: la admite con necesidad perentoria o imprevisible (art. 48.3). La (d): no hay prórroga con consentimiento escrito; si persiste la necesidad, se cubre por concurso u otro procedimiento de provisión (art. 48.6).

Regla mnemotécnica · Hacia abajo, un mes al año; hacia arriba, ocho meses en dos años.

Para repasar: La movilidad a grupo inferior exige necesidad perentoria o imprevisible, mantiene la retribución de origen y no supera un mes al año.

Fuente: Artículo 48 · IV Convenio Único (personal laboral de la AGE)

Respuesta correcta: a) Transparencia.

El artículo 26.1 de la LGP conecta la programación con la LO 2/2012, de ahí que sus principios sean los de esa ley. De las opciones solo la transparencia figura entre ellos; eficacia, anualidad e igualdad quedan fuera, y el término recogido es la eficiencia.

«La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional»

Trampas: La (b): el art. 26.1 de la LGP habla de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, no de eficacia. Engaña: eficacia y eficiencia se parecen, y la eficiencia sí figura en el art. 26.1. La (c): el principio del art. 26.1 de la LGP es la plurianualidad. La anualidad rige la ejecución del presupuesto, no la programación. La (d): la igualdad no figura entre los principios del art. 26.1 de la LGP, que incluye la responsabilidad y la lealtad institucional.

Para repasar: Principios de programación presupuestaria (LGP art. 26.1): estabilidad, sostenibilidad, plurianualidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y lealtad institucional.

Fuente: Artículo 26 · Ley 47/2003 (LGP)

Respuesta correcta: c) De tres meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de seis meses.

Los pagos a justificar se rinden por regla general en tres meses. El artículo 79.4 de la LGP alarga a seis los de expropiaciones y los pagos en el extranjero, más difíciles de justificar. La ampliación posterior solo cabe excepcionalmente.

«El plazo de rendición de las cuentas será de tres meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de seis meses.»

Trampas: La (a): omite las excepciones de seis meses y la ampliación excepcional, art. 79.4 de la LGP. La (b): seis meses rige solo para expropiaciones y pagos en el extranjero, no en todo caso, art. 79.4 de la LGP. La (d): el plazo general es de tres meses, no seis, y el extranjero tiene seis, no ocho, art. 79.4 de la LGP.

Para repasar: Pagos a justificar: cuenta justificativa en tres meses, seis para expropiaciones y pagos en el extranjero.

Fuente: Artículo 79 · Ley 47/2003 (LGP)

Respuesta correcta: a) Se justificará adecuadamente en los contratos de servicios.

El artículo 116.4.f de la LCSP vincula el informe de insuficiencia de medios a un tipo concreto de contrato: el de servicios, donde la Administración acude a un tercero para una prestación. Los demás extremos del apartado 4 valen para cualquier contrato; este no, y suministros y obras quedan fuera.

«En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.»

Trampas: La (b): el informe de insuficiencia de medios no se exige en suministros: el art. 116.4.f lo limita a los contratos de servicios. La (c): añade los suministros a una exigencia que el art. 116.4.f reserva solo a los contratos de servicios. La (d): Extiende el informe a obras y suministros. El art. 116.4.f solo lo prevé para servicios.

Regla mnemotécnica · Insuficiencia de medios: solo en servicios.

Para repasar: El informe de insuficiencia de medios del artículo 116.4.f es exclusivo de los contratos de servicios.

Fuente: Artículo 116 · Ley 9/2017 (LCSP)