Examen de Administrativo del Estado (C1) de 2019, promoción interna, resuelto

Respuesta correcta: b) La comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.

El artículo 69.3 de la Ley 39/2015 fija como regla que la comunicación surte efectos desde su presentación. Como excepción, admite que se presente después del inicio de la actividad, pero solo si la legislación sectorial lo prevé de forma expresa.

«No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.»

Trampas: La (a): los efectos se producen desde el día de la presentación, no desde el día siguiente, art. 69.3 de la Ley 39/2015. La (c): solo es exigible una declaración responsable o una comunicación, sin que sea posible exigir ambas acumulativamente, art. 69.6 de la Ley 39/2015. Engaña: las dos figuras se regulan juntas en el mismo artículo y comparten efectos. La (d): las Administraciones tendrán permanentemente publicados y actualizados los modelos, es una obligación, no algo potestativo, art. 69.5 de la Ley 39/2015.

Para repasar: Declaración responsable y comunicación habilitan desde el día de la presentación. Nunca se exigen ambas a la vez, y los modelos publicados son obligatorios.

Fuente: Artículo 69 · Ley 39/2015

Respuesta correcta: a) Por escrito a través de medios electrónicos.

El artículo 36.1 de la Ley 39/2015 establece un criterio por defecto ligado a la administración electrónica. El órgano no elige libremente el soporte, y las excepciones, como el ejercicio verbal de la competencia del apartado 2, deben venir justificadas por la naturaleza del acto.

«Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.»

Trampas: La (b): la forma verbal es excepcional: el art. 36.2 la regula para cuando los órganos ejercen su competencia oralmente, y exige constancia escrita cuando sea necesaria. Engaña: el art. 36.2 contempla expresamente el ejercicio verbal de la competencia. La (c): el art. 36.1 exige escrito a través de medios electrónicos, no en soporte papel. La (d): el art. 36.1 no deja elegir soporte al titular de la competencia: la regla es el medio electrónico, salvo que la naturaleza del acto exija otra forma.

Para repasar: Regla general del acto administrativo: escrito y electrónico. Las formas verbal o refundida son excepciones del art. 36.2 y 36.3.

Fuente: Artículo 36 · Ley 39/2015

Respuesta correcta: a) Contratos privados.

El artículo 26.1.c de la LCSP atiende al sujeto que contrata, no al objeto: si la entidad del sector público no es poder adjudicador, el contrato es privado. Se rige por los artículos 321 y 322 y, en efectos y extinción, por el derecho privado (art. 26.4).

«Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador.»

Trampas: La (b): Administrativos son los de Administraciones Públicas con objetos típicos, art. 25. Sin poder adjudicador, son privados. Engaña: es la categoría general de los contratos públicos tipificados. La (c): Mixto es el de prestaciones de distintas clases, art. 18; no depende de la condición de poder adjudicador. La (d): Servicios es un tipo por su objeto, art. 17, no por quien contrata.

Para repasar: Contratos privados son los de entidades del sector público sin condición de poder adjudicador y los de poderes adjudicadores que no son Administración Pública.

Fuente: Artículo 26 · Ley 9/2017 (LCSP), Artículo 25 · Ley 9/2017 (LCSP)

Respuesta correcta: b) A propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública.

La iniciativa es del Gobierno, a través del ministerio competente, y el control del Congreso llega después: comparecencia ante su Comisión y refrendo por mayoría absoluta en un mes natural. El nombramiento se hace por Real Decreto (art. 37.1 de la Ley 19/2013).

«a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas»

Trampas: La (a): el periodo es de cinco años, pero no renovable, art. 37.1 de la Ley 19/2013. Engaña: acierta la duración de cinco años y solo altera la renovación. La (c): el nombramiento se hace por Real Decreto, no por Orden Ministerial, art. 37.1 de la Ley 19/2013. La (d): la comparecencia es ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, no ante una Comisión mixta con el Senado, art. 37.1 de la Ley 19/2013.

Para repasar: Presidente del Consejo de Transparencia: Real Decreto, propuesta ministerial, cinco años no renovables, comparecencia y refrendo del Congreso por mayoría absoluta.

Fuente: Artículo 37 · Ley 19/2013 (Transparencia), Artículo 24 · Ley 40/2015

Respuesta correcta: d) Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita y podrán incluir la superación de pruebas físicas.

El artículo 61.2 del TREBEP permite que las pruebas comprueben conocimientos y capacidad analítica, de forma oral o escrita, y, en su caso, incluyan pruebas físicas. La opción reproduce ese apartado: las pruebas físicas son posibles, no obligatorias.

«Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita»

Trampas: La (a): los órganos de selección serán colegiados, no unipersonales (art. 60.1 TREBEP). Engaña: el precepto sí exige imparcialidad y profesionalidad, pero fija un único carácter, el colegiado. La (b): el art. 60 TREBEP no fija designación por el Departamento ni proporción de dos tercios; exige composición imparcial, profesional y paritaria. La (c): el art. 60 TREBEP no establece duración anual de los órganos de selección; su composición se rige por imparcialidad y profesionalidad.

Para repasar: Órganos de selección: colegiados, imparciales, profesionales y paritarios; no pueden integrarlos políticos, interinos ni eventuales, y se actúa a título individual.

Fuente: Artículo 61 · TREBEP, Artículo 60 · TREBEP

Respuesta correcta: d) No; para poder solicitar la alteración del orden de prelación es preciso que la persona aspirante haya participado por el turno de personas con discapacidad.

La madre tiene un 35 % de discapacidad, pero nada indica que el Sr. Gómez concurriera por plazas reservadas. La alteración del orden de elección de plazas es una medida de apoyo para quienes accedieron por el cupo de discapacidad. Por eso el artículo 9 del RD 2271/2004 la limita a ellos. Los motivos alegados (dependencia, desplazamiento) solo se valoran si se cumple antes ese requisito de acceso.

«hayan sido admitidos en la convocatoria ordinaria con plazas reservadas para personas con discapacidad podrán solicitar al órgano convocante la alteración del orden de prelación»

Trampas: La (a): el art. 9 del RD 2271/2004 no fija porcentaje de discapacidad del familiar, sino acreditar dependencia, dificultades de desplazamiento u otras análogas. Engaña: el 45 % evoca umbrales de discapacidad de otras normas. La (b): el art. 9 no limita el motivo a cónyuges o hijos ni fija el 33 %: basta dependencia o dificultad acreditada. La (c): tener destino previo en la localidad no es requisito del art. 9; decide el órgano convocante si el motivo está justificado.

Para repasar: Alterar el orden de elección de plazas exige haber ingresado por plazas reservadas a discapacidad, con motivo acreditado. Decide el órgano convocante.

Fuente: Artículo 9 · RD 2271/2004

Respuesta correcta: d) Conservarán la condición de mutualista de MUFACE.

El artículo 7.2 del RDL 4/2000 mantiene la condición de mutualista en la jubilación, sea forzosa, voluntaria o por incapacidad. Por eso los jubilados mutualistas siguen teniendo asistencia sanitaria de MUFACE, según el artículo 15.

«conservarán la condición de mutualista, en los términos y condiciones señalados por el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, los funcionarios cuando sean declarados jubilados de carácter forzoso por edad»

Trampas: La (a): ser pensionista de clases pasivas no hace perder la condición de mutualista: el art. 7.2 del RDL 4/2000 la conserva en la jubilación. Engaña: la pensión de jubilación del funcionario se rige por clases pasivas, lo que sugiere salir de MUFACE. La (b): la jubilación no traslada al Régimen General de la Seguridad Social: el funcionario sigue en el mutualismo administrativo (art. 7.2 del RDL 4/2000). La (c): el art. 7.2 del RDL 4/2000 no limita la condición de mutualista al tiempo de cotización que falte para el tope de pensión. Esa condición temporal no existe.

Para repasar: Los funcionarios jubilados, sea la jubilación forzosa, voluntaria o por incapacidad, conservan la condición de mutualista de MUFACE (art. 7.2 RDL 4/2000).

Fuente: Artículo 7 · RDLeg 4/2000

Respuesta correcta: c) Generaciones de crédito.

El artículo 53 de la LGP identifica la generación por su causa: el crédito crece porque entra financiación adicional, no por insuficiencia ni por remanentes. El apartado 3 exige, como regla, que el ingreso ya se haya efectuado, y el artículo 51 la enumera entre las modificaciones de crédito.

«Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.»

Trampas: La (a): Suplemento: crédito insuficiente y no ampliable para un gasto inaplazable, art. 55.1 de la LGP. La (b): Ampliable: crédito que la ley permite elevar hasta el importe de las obligaciones, art. 54.1 de la LGP. La (d): Incorporación: traslada remanentes del ejercicio anterior en casos tasados, art. 58 de la LGP. Engaña: el art. 58.b permite incorporar remanentes procedentes de generaciones.

Para repasar: Generación: ingresos extra. Suplemento: crédito insuficiente. Incorporación: remanentes del ejercicio anterior. Ampliación: créditos que la ley declara ampliables.

Fuente: Artículo 53 · Ley 47/2003 (LGP), Artículo 55 · Ley 47/2003 (LGP)

Respuesta correcta: b) Inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social.

Según el artículo 73.2 de la LGP, la aprobación es la primera fase del gasto: reserva crédito y abre el procedimiento, pero todavía no genera relaciones con terceros. Esa ausencia de efectos externos la distingue de las fases posteriores.

«La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social.»

Trampas: La (a): es la definición del compromiso de gasto, que ejecuta gastos ya aprobados, art. 73.3 de la LGP. La (c): corresponde al reconocimiento de la obligación, que exige acreditar la prestación o el derecho del acreedor, art. 73.4 de la LGP. La (d): la relevancia jurídica para con terceros es propia del compromiso, no de la aprobación, art. 73.3 de la LGP.

Regla mnemotécnica · Aprobación: puertas adentro, sin terceros. Compromiso: vincula a terceros. Reconocimiento: exige acreditar la prestación.

Para repasar: Fases del gasto: aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material; solo desde el compromiso hay efectos frente a terceros.

Fuente: Artículo 73 · Ley 47/2003 (LGP)

Respuesta correcta: c) Los Ministros y Secretarios de Estado.

El artículo 10.1 de la Ley 38/2003 reparte la concesión según el nivel del órgano, y por eso la lista llega hasta Secretarios de Estado. No hay que confundir conceder con autorizar: el apartado 2 exige autorización previa solo por encima de 12 millones.

«Los Ministros y los Secretarios de Estado en la Administración General del Estado y los presidentes o directores de los organismos y las entidades públicas vinculados o dependientes de la Administración General del Estado»

Trampas: La (a): solo conceden por desconcentración mediante real decreto (art. 10.3 LGS). La (b): Autoriza, no concede, y solo si lo prevé la norma reguladora, por encima de 12 millones (art. 10.2 LGS). La (d): Autoriza previamente por encima de 12 millones, pero no concede (art. 10.2 LGS). Engaña: interviene en subvenciones de gran cuantía.

Para repasar: Concede el Ministro o Secretario de Estado; el Consejo de Ministros autoriza las superiores a 12 millones.

Fuente: Artículo 10 · Ley 38/2003 (LGS)